El PDeCAT ha registrado una proposición de ley en el Congreso que incluye nuevos instrumentos con el fin de atajar las ocupaciones ilegales. Sus bases se centran en que los okupas puedan ser desalojados en 48 horas, que la comunidad de propietarios pueda denunciar por la vía civil y que se dé a los ayuntamientos las competencias necesarias para tomar medidas.
El 42% de las ocupaciones ilegales en Cataluña
El encargado de presentar esta iniciativa ha sido el diputado Genís Boadella, quien ha recordado que el 42% de las ocupaciones ilegales que se registran en España tienen lugar en Cataluña y ha subrayado la necesidad de buscar nuevas vías para ponerles coto.
Desahucios exprés
En primer lugar, plantean modificar el artículo 544 sexies a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, desde que se interponga una denuncia por ocupación ilegal, se abra un plazo de 48 horas tras el que un juzgado pueda ordenar el desalojo si los okupas no presentan un título de propiedad o un contrato de alquiler que les habilite para seguir en el inmueble.
Asimismo, abogan por reformar la Ley de Propiedad Horizontal para facultar a las comunidades de propietarios a acudir a la vía civil para solicitar el desalojo. Con esta fórmula, se busca que los vecinos puedan actuar ante ocupaciones ilegales que a veces se producen en pisos abandonados cuyos legítimos propietarios no actúan en la vía penal.
Defiende también la modificación del artículo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local para añadir como competencia propia de los ayuntamientos su actuación ante una ocupación ilegal, de modo que puedan tomar la iniciativa desde las juntas locales de seguridad.
Acción de las mafias
En la proposición de ley se hace referencia a las mafias “consta la aparición de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando de manera reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre la problemática para disfrazar actuaciones ilegales con motivaciones diversas”.Según la proposición de ley, a la acción de las mafias se une que “ninguno de los cauces legales actualmente previsto en la vía penal, para procurar el desalojo de la ocupación de inmuebles, resultan plenamente satisfactorios y, en todo caso, se demoran temporalmente de forma extraordinaria, con los consiguientes perjuicios de los legítimos titulares de la vivienda”.
