Considerando que el acceso a la justicia y a la asesoría legal son esenciales para las sociedades democráticas, el pro bono supone la promoción de este acceso a través del compromiso de abogados y profesionales del derecho con las personas y comunidades menos privilegiadas de la sociedad.
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¿Qué es el pro bono?
El pro bono público, expresión latina que significa “para el bien público”, designa el trabajo voluntario que realiza un profesional a favor de una persona particular o una organización sin ánimo de lucro, con el fin de resolverle una necesidad concreta utilizando sus conocimientos sobre la materia. Generalmente, el pro bono se relaciona con el servicio prestado de forma gratuita por parte de abogados, pero puede realizarse en cualquier ámbito profesional.
El pro bono legal consiste en la prestación de servicios jurídicos de forma gratuita y totalmente altruista en beneficio de colectivos vulnerables.
En España, el trabajo pro bono complementa las prestaciones públicas que garantizan el acceso efectivo a la justicia de todos los ciudadanos, es decir, el servicio de asistencia jurídica gratuita prestado por los colegios profesionales. La práctica del pro bono, en nuestro país, se ha ido extendiendo y dirigiendo hacia el ámbito del asesoramiento y orientación a entidades sin ánimo de lucro y a la defensa de los derechos de colectivos vulnerables. Concretamente, suele centrarse en peticiones legales formuladas por entidades no lucrativas, ya sea en relación con cuestiones relacionadas con su gestión diaria o con el apoyo que puedan precisar las personas para las que trabaja la entidad (asociación, fundación…) no lucrativa.
¿Quién puede realizar el pro bono?
El trabajo pro bono lo puede llevar a cabo cualquier profesional; ya sean abogados particulares, profesionales que trabajan en despachos o trabajadores del departamento legal de una empresa. En el primer caso, es el propio abogado quien decide cómo desarrollar esta actividad social y en qué tipo de casos quiere participar. En los demás casos es probable que, dentro de la propia organización de la empresa, haya una persona encargada de coordinar la actividad pro bono.
La prestación de servicios pro bono también se está desarrollando en las universidades, donde los alumnos pueden tener su primer contacto con esta práctica mediante agrupaciones de estudiantes, llamadas Clínicas Legales, con el objetivo de atender peticiones formuladas por entidades no lucrativas o resolver asuntos relacionados con derechos humanos, permitiendo a los alumnos adquirir experiencia al mismo tiempo que contribuyen a resolver las problemáticas presentadas por tales entidades.
¿Cómo realizar el pro bono?
Los centros de intermediación pro bono son imprescindibles para que esta práctica funcione. Su función es doble: por una parte, canalizan el trabajo pro bono para atender las necesidades legales de los posibles beneficiarios de esta práctica y, por otra parte, promueven la responsabilidad social en el sector de la abogacía.