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El Congreso aprueba la supresión de la cita previa para el acceso de profesionales a los juzgados

El Congreso de los Diputados ha aprobado por 280 votos a favor el texto del Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (procedente del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril). El texto había sido aprobado previamente en el Senado por la comisión de Justicia. Las reformas introducidas por el Senado y aprobadas por el Congreso tendrán valor de ley con su publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Entre las novedades introducidas en la norma aprobada en el Congreso, se incluye la supresión de la obligación de solicitar cita previa para acudir a los juzgados a trabajar. Esta obligación, que afectaba hasta ahora a abogados, procuradores o graduados sociales, quedará a partir de ahora reservada sólo al público general. 

Esta era una de las reivindicaciones de la Abogacía y otros colectivos ligados a la Justicia, que consideraban que solicitar cita para acudir al juzgado provocaba “trabas” en el trabajo diario de los profesionales. 

La norma ya aprobada que se publicará en el BOE también recoge en su art. 17 la dispensa del uso de las togas durantes las vistas judiciales. Así, por tanto, y hasta el 20 de junio del 2021, las partes que asistan a actuaciones orales estarán dispensadas del uso de togas en las audiencias públicas.

Por otro lado, el proyecto de ley incluye importantes modificaciones para el buen funcionamiento de la justicia tras el estado de alarma. El texto aprobado contempla medidas urgentes en los órdenes de lo Social, Mercantil y Contencioso-Administrativo, así como la creación de 21 nuevos órganos judiciales. Además, el Senado ya dio luz verde a la reforma de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para que los Tribunales Superiores de Justicia tengan su control y puedan tramitar más ágilmente las autorizaciones de las medidas restrictivas que cada comunidad autónoma tome para frenar la transmisión comunitaria del virus.

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