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Regularización extraordinaria para personas extranjeras residentes en España

El Gobierno ha dado un primer paso para poner en marcha un proceso de regularización extraordinaria dirigido a personas extranjeras que ya se encuentran en España, mediante la tramitación urgente de un real decreto que permitirá conceder autorizaciones de residencia y trabajo a quienes cumplan determinados requisitos. El texto se encuentra actualmente en fase de audiencia pública, previa a su aprobación definitiva.

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer una respuesta inmediata a una realidad social y administrativa consolidada. Permitirá solicitar una autorización de residencia con habilitación para trabajar en todo el territorio nacional, y en cualquier sector, a todas aquellas personas extranjeras que acrediten haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 con una permanencia continuada mínima de cinco meses en el momento de presentar la solicitud. De esta manera, se pretende garantizar los derechos a un colectivo que ha quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, sin hacer distinción por motivo de nacionalidad.

La permanencia podrá justificarse mediante cualquier documento público o privado, o una combinación de ambos. En el caso de solicitantes de protección internacional, bastará con acreditar que la solicitud fue presentada antes de la fecha límite establecida.

Entre los requisitos exigidos figura también carecer de antecedentes penales y no constituir una amenaza para el orden público.

Autorización de residencia y trabajo

Las personas que cumplan las condiciones podrán obtener una autorización de residencia con habilitación para trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional.

Plazos previstos y tramitación administrativa

Según las previsiones del Gobierno, las solicitudes podrían comenzar a presentarse a principios de abril de 2026, una vez completados los trámites reglamentarios, y el procedimiento permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.

La autorización inicial tendrá una vigencia de un año. Transcurrido ese plazo, los beneficiarios deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, facilitando así una integración progresiva en el sistema jurídico común. 

Uno de los elementos destacados es que la admisión a trámite —que deberá resolverse en un máximo de quince días— permitirá comenzar a trabajar provisionalmente desde ese momento, sin perjuicio de que la resolución definitiva del expediente no podrá exceder de tres meses.

Protección de la unidad familiar

El procedimiento contempla también la regularización simultánea de los hijos menores de edad que se encuentren en España, quienes obtendrán un permiso de residencia de cinco años, reforzando la unidad familiar como eje central del proceso de integración. 

Contexto normativo e impacto esperado

El Gobierno sostiene que este desarrollo normativo contribuirá a ordenar una realidad ya existente, reducir la economía sumergida y dotar de mayor seguridad jurídica tanto a las personas trabajadoras como a las empresas, en línea con precedentes históricos de regularización adoptados en España cuando la realidad social ha requerido una respuesta normativa

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