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Pena de prisión por delito contra el medio ambiente por gestión de residuos ilegal

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado la primera condena, con una pena de prisión de dos años y tres meses, al responsable de un delito contra el medio ambiente por una gestión de residuos ilegal y además se ordena “la reposición del estado original del lugar”.

La actividad ilegal fue detectada por agentes de la Policía Municipal de Madrid y, tras una primera inspección, el Juzgado de Instrucción número 46 solicitó a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente “valorar el impacto ambiental en el suelo, aire, y entorno resultante de la actividad que se ejerce en la parcela”, así como “la valoración económica de los daños ambientales descritos en el informe”.

Informe técnico

El informe constató la presencia y manipulación de sustancias peligrosas sin ninguna precaución, la mezcla de sustancias y su manipulación sin los conocimientos necesarios, así como la acumulación de aparatos eléctricos y electrónicos sin clasificar ni separar del resto de residuos. Por otro lado, se observan vestigios de cenizas, que podrían proceder de quemas controladas, próximas a residuos que al combustionar producen vapores peligrosos y también observaron muchas manchas en el suelo, debidas al derramamiento de sustancias o falta de precaución al llenar, vaciar o proceder al mantenimiento de los contenedores.

El informe técnico concluye que la realización de la actividad, tal como se estaba ejerciendo en la parcela «tiene como consecuencia un riesgo potencial elevado de afección a la salud de las personas y al medio ambiente».

Sentencia

La sentencia, que se dictó en abril aunque ha trascendido ahora, destaca que además de la pena de prisión se ordena “la reposición del estado original del lugar”.

Queda pendiente de juicio una parte de la investigación. Y es que cuando realizaron la inspección completa y exhaustiva de la instalación, los policías observaron que entre los restos quemados había partes que correspondían a motocicletas y automóviles, comprobando que, si bien habían intentado ocultar los números de bastidor o hacerlos desaparecer cortando los mismos en trozos, algunos de ellos correspondían a vehículos que figuraban denunciados como sustraídos.

Igualmente, está pendiente de juicio por los delitos de receptación y defraudación de fluido eléctrico. También quedan pendientes otras resoluciones administrativas. En este tiempo también ha habido varios quebrantamientos de precinto que han sido igualmente notificados a los órganos instructores.

Fuente: Europa Press

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