El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mediante la sentencia número 648/2024 de 24 de julio, ha ratificado la sentencia emitida por un Juzgado de lo Social en Burgos, que otorgó la incapacidad permanente absoluta a una diseñadora gráfica debido a los síntomas persistentes que experimenta tras haber padecido Covid-19. La sentencia ordena al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social que le otorguen una pensión equivalente al 100% de su base reguladora, la cual asciende a 1.889,92 euros mensuales.
Los informes médicos presentados, y los hechos probados en la sentencia de instancia, detallan que la demandante, de 57 años, sufre cefalea crónica post-Covid con una frecuencia diaria y resistente a los tratamientos. Desde su contagio, ha desarrollado un trastorno adaptativo, problemas cognitivos que afectan su capacidad de concentración, un leve deterioro de la memoria, y limitaciones para realizar tareas que requieren altos niveles de responsabilidad, estrés o concentración.
En su fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, comparte el criterio de la magistrada “a quo», señalando que “estos resultados son congruentes con los perfiles neuropsicológicos de pacientes con déficit cognitivo tras infectarse de Covid”.
Además, se subraya que, “las tareas que realiza la demandante como diseñadora de gráficos y multimedia son las propias de su profesión y exigen concentración, trabajo intelectual y utilización de pantallas de visualización de datos”, y que “la presencia de cefaleas continuas y diarias hace ilusorio un desempeño ordinario y habitual, con rendimiento adecuado y sin sacrificios extraordinarios, de cualquier profesión, que debería ejercitarse en condiciones de malestar y dolor casi permanente. No puede decirse, por tanto, que la juzgadora ha incurrido en error cuando ha reconocido a la demandante la incapacidad permanente absoluta”.
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