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El Ministerio facilita la acreditación de acuerdos previos al juicio con la plataforma digital PIMASC

Desde el 3 de abril de 2025, con la entrada en vigor del artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se exige que quienes deseen presentar una demanda en el ámbito civil, salvo en los casos exceptuados por la ley, acrediten haber intentado previamente resolver el conflicto por medios no jurisdiccionales. Para facilitar este nuevo requisito, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha la Plataforma de Interoperabilidad de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (PIMASC).

Esta herramienta digital permite registrar y certificar la participación en procedimientos como la mediación, la conciliación privada, la negociación entre abogados o cualquier otro intento de resolución extrajudicial de conflictos. El sistema generará automáticamente un documento estandarizado, validado y firmado digitalmente, que servirá como prueba del cumplimiento del requisito procesal exigido por la nueva legislación.

El documento generado podrá ser incorporado como “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA INTENTO ACTIVIDAD NEGOCIADORA MASC” al presentar la demanda, ya sea a través de LexNET en el caso de profesionales jurídicos, o mediante la Sede Judicial Electrónica para ciudadanos y representantes legales. De esta forma, se garantiza una tramitación más ágil y basada en datos estructurados, alineada con el proceso de digitalización de la Justicia.

PIMASC está diseñada para su uso por parte de distintos operadores jurídicos, como abogados, procuradores, notarios, registradores, graduados sociales, economistas y mediadores, quienes podrán utilizar la plataforma para registrar actuaciones previas al proceso judicial. Además, el sistema permitirá recopilar información estadística útil para evaluar el impacto y la evolución de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

Este desarrollo forma parte del proceso de modernización que impulsa la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuyo despliegue culminará en 2025. La normativa no solo establece la obligatoriedad de acudir a mecanismos de resolución extrajudicial antes de demandar, sino que también transforma la estructura judicial con la creación de Tribunales de Instancia en sustitución de los actuales juzgados unipersonales, y con la implantación de las Oficinas de Justicia en el Municipio.

El objetivo general es dotar al sistema judicial de mayor agilidad, flexibilidad y especialización, promoviendo al mismo tiempo una cultura del acuerdo que contribuya a reducir la litigiosidad y a acercar el servicio público de Justicia a la ciudadanía.

Haz clic aquí para acceder al Punto de Interoperabilidad MASC (PIMASC) a través del siguiente enlace

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