Durante dos días se analizaron distintas iniciativas en el primer Congreso de Ocupación Ilegal, organizado por la Abogacía de Málaga, Barcelona y Mataró, y con la colaboración especial de vLex. Siendo la más determinante la propuesta de medida cautelar inmediata de desalojo de la vivienda ocupada ilegalmente.
Modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Más de 400 personas asistieron, tanto de manera presencial como online, a las distintas ponencias que defendieron reputados expertos y que continuarán con el estudio en profundidad del fenómeno de la ocupación ilegal, con el objeto de recoger las conclusiones aportadas y elevarlas a los poderes legislativos para instar la correspondiente modificación legal de enjuiciamiento criminal.
En el marco del congreso sobre ocupación ilegal, la ministra Pilar Llop señaló que “tanto el derecho a la propiedad como el de la vivienda son derechos compatibles en nuestra Constitución”. Asimismo, la presidenta del Consejo General Abogacía Española, Victoria Ortega, habló sobre el necesario “equilibrio entre la defensa de la persona, privada de su vivienda, y la situación de vulnerabilidad de muchas personas”.
Jesús M. Sánchez García, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), recordó que la Comisión de Normativa de su Colegio presentó públicamente en 2020 una propuesta de regulación expresa de medidas cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) que daría una solución rápida al problema de cualquier inmueble ocupado en un plazo máximo de 48 horas y precisó que “la Seguridad jurídica es imprescindible en un Estado de derecho”.
Análisis y propuestas
Un total de ocho mesas redondas sobre la ocupación delincuencial, en las que han participado representantes políticos, magistrados, letrados, miembros de los ayuntamientos y fuerzas de seguridad del estado, han puesto sobre la mesa la problemática actual, así como las posibles y futuras soluciones al respecto.
Asimismo, es esencial distinguir entre las ocupaciones derivadas de las situaciones sobrevenidas de vulnerabilidad social y aquellas que tienen un carácter delincuencial. En cualquier caso, se defendió el derecho a una vivienda digna, tanto para quienes no la tienen, por encontrarse en circunstancias de exclusión social, como para quienes cuentan con ella y viven en primera persona la ocupación de su inmueble.
Entre otras propuestas, el catedrático de derecho procesal de la Universidad de Barcelona, Vicente Pérez, aseguró que «habría que incrementar el presupuesto de la vivienda social» y explicó además que «el problema que tenemos es saber qué está en vigor en esta materia».
Por su parte, el catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira, Sergio Nasarre, fue tajante al afirmar que «todas las normas importantes de vivienda de los últimos quince años, básicamente, se han inventado. Es decir, no hay ningún estudio y cuando lo hay no le han hecho caso», e hizo referencia a la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.
En cuanto al objetivo del congreso, el abogado y decano emérito del Colegio de Abogados de Mataró, Julio Naveira, subrayó que este foro “tiene que servir para sacar las conclusiones necesarias para que el Estado adopte medidas para acabar con la lacra de la ocupación delincuencial».
En otro orden de cosas, Escarlata Gutiérrez Mayo, Fiscal de la Fiscalía de Área de Móstoles, hizo referencias a la normativa y jurisprudencia en la usurpación de bienes inmuebles, analizando las sentencias: STS 800/2014 de 12 de noviembre de Cándido Conde-Pumpido y la STS 587/2020 de Vicente Magro, de 6 de Noviembre de 2020. Asimismo, el Fiscal Jefe de Valencia, José Francisco Ortiz, analizó el Decreto de la Fiscalía de Valencia de 20 de agosto de 2020.
Por último, destacar la intervención de Vicente Magro, Magistrado Sala Segunda Tribunal Supremo, que introduce el concepto de daño moral ante la ocupación, que se analiza en la STS 437/2022.
Seguridad jurídica
Los expertos han considerado clave respetar el derecho de la propiedad privada, regulando y evitando la ocupación irregular de inmuebles y así dar seguridad jurídica a los propietarios. Además, se abordaron otros temas como el impacto de la ocupación en la inversión y la ocupación de la vivienda de nueva construcción.
En cuanto al análisis del Proyecto de Ley de Vivienda, señalaron problemas de justificación de competencias estatales. Así, José Pablo Martínez Marqués, afirmó que “la norma olvida la dimensión de la vivienda como bien patrimonial”. Por su parte, Xavier Vilajoana advirtió sobre “la llegada de la ocupación a las viviendas de promoción”.
Por otra parte, Josep María Cavallé habló sobre “la necesidad de contar con seguridad jurídica para las actuaciones policiales dado el alto grado de responsabilidad que recae sobre las mismas” y además incidió en la “falta de criterio judicial homogéneo”.
En el acto de clausura quedó manifiesta la unidad de todos los actores principales que intervienen en esta problemática y la voluntad de un cambio normativo, a través de las palabras de Flor Carrasco, vicedecana de la Abogacía de Málaga: “Creemos que este va a ser el primer y último, de verdad, Congreso de Ocupación porque entre todos lo vamos a conseguir”.
Próximamente el I Congreso de Ocupación Ilegal en vídeo en vLex.tv
