- El Ministerio de Justicia ha elevado hoy a Consejo de Ministros el paquete de actuaciones por objetivos valorado en más de 50 millones para reactivar la Justicia.
- Impulsa un cambio social definitivo sobre la capacidad de obrar de las personas con discapacidad, procurando un apoyo a la medida de cada circunstancia personal y atendiendo a la voluntad de las mismas en la toma de decisiones.
El Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Juan
Carlos Campo, ha aprobado hoy el plan de choque para aliviar la
acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria. Con una dotación
económica de más de 50 millones de euros, su objetivo es recuperar la
normalidad en los órganos judiciales y aportar mecanismos, recursos y
soluciones a las necesidades inmediatas de la Justicia.
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Campo ha detallado las medidas contenidas en el plan que se
desplegará a lo largo de dos fases en los órdenes de lo social, mercantil y
contencioso-administrativo y que afectará a un total de 315 juzgados.
En la primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020,
la intervención tendrá lugar en los juzgados con mayor carga de trabajo.
En la segunda fase, que se iniciará el 1 de enero de 2021, se dispondrá de
información más completa respecto al volumen de demandas presentadas
y su tiempo de resolución, lo que permitirá definir la extensión de las
medidas a aplicar para su desarrollo posterior.
Se aplicarán medidas de autorrefuerzo en los partidos judiciales con un
volumen de trabajo superior al 130% del módulo de entrada determinado
por el Consejo General del Poder Judicial. La participación del personal de
los juzgados en estos programas de actuación por objetivos se reconocerá
con una retribución extraordinaria.
Además, se desplegarán refuerzos externos en los órganos judiciales que
asumirán un volumen de trabajo superior al doble del módulo de entrada
fijado por el CGPJ, así como para aquellos otros que, sin superarlo,
presenten cifras de causas pendientes elevadas.
Por último, se contemplan medidas estructurales como es la creación de
21 nuevos órganos judiciales para absorber y minimizar el impacto del
incremento de procedimientos.
En su intervención Campo ha advertido de que se trata de un plan de
actuaciones por objetivos sobre las que habrá un seguimiento constante y
que permitirá la posibilidad de cambiar y acelerar respuestas a los distintos
escenarios que puedan darse en los juzgados en esta etapa postcovid.
Reforma procesal y civil en materia de discapacidad
Sobre la reforma procesal y civil en materia de discapacidad a la que hoy
ha dado luz verde el Gobierno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo,
ha señalado que se está actuando de manera contundente para conseguir
que la toma de decisiones de las personas con discapacidad sea fruto de
su voluntad y preferencias, y no sean sustituidas en la toma de decisiones
de lo que les afecta. “Es una norma que implanta un cambio de paradigma”,
ha apostillado.
La reforma evitará que, como ocurría hasta ahora, un altísimo porcentaje
de las denuncias o avisos recibidos por la fiscalía terminasen en la
incapacitación de miles de personas, “lo que implica la muerte civil de las
mismas”, ha señalado Campo. Esta Ley provee de un apoyo adaptado a
cada una de las circunstancias, según el titular de Justicia.
Inspirada en el artículo 10 de la Constitución, responde con rotundidad al
respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos
fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con
discapacidad.
Fuente de la noticia: Ministerio de Justicia
