El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido este jueves en sesión extraordinaria, ha adoptado un acuerdo mediante el cual rechaza la convocatoria de huelga promovida por varias asociaciones judiciales y fiscales para los días 1, 2 y 3 de julio, argumentando que el ejercicio del derecho de huelga en la carrera judicial carece actualmente de respaldo normativo.
No se reconocen los efectos jurídicos de la huelga ni se fijan servicios mínimos
En el acuerdo aprobado, el órgano de gobierno de los jueces afirma que, conforme a pronunciamientos anteriores de 2009, 2012 y 2013, no es procedente reconocer la convocatoria de huelga ni establecer servicios mínimos, debido a la inexistencia de regulación legal específica para el ejercicio de este derecho por parte de jueces y magistrados.
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Críticas al proceso de estabilización de empleo en la Justicia
El CGPJ también se pronunció respecto al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal, medida señalada por las asociaciones como una de las razones de la protesta. El Pleno reiteró sus reparos, ya expresados en su informe al anteproyecto de ley orgánica sobre el fortalecimiento de la carrera judicial. Según el Consejo, esta medida no se justifica por el requerimiento de la Comisión Europea y vulnera la doctrina constitucional sobre las «pruebas restringidas», al rebajar los requisitos de acceso ordinario y poner en riesgo el principio de igualdad en el acceso a la función pública, protegido por el artículo 23.2 de la Constitución Española.
Reconocimiento profesional y llamamiento a la responsabilidad institucional
En el mismo acuerdo, el CGPJ reconoció el esfuerzo y profesionalidad de los jueces y magistrados que han accedido a la carrera judicial mediante exigentes procesos selectivos, y apeló a la responsabilidad institucional de todos los actores del sistema constitucional, sean legislativos, gubernamentales o jurisdiccionales.
Garantía de servicios esenciales ante posibles paros
A pesar del rechazo a la convocatoria de huelga, el CGPJ declaró que, en caso de llevarse a cabo, la misma no debería afectar a servicios esenciales como el reparto de asuntos, los servicios de guardia, las decisiones urgentes de instrucción, los procesos de tutela de derechos fundamentales, los asuntos con personas vulnerables implicadas, ni a las medidas cautelarísimas o cualquier decisión inaplazable cuya demora afecte a derechos fundamentales o a la dignidad del Poder Judicial.
Difusión institucional del acuerdo
El acuerdo fue comunicado a las asociaciones convocantes, así como a las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
