El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº14 de Madrid confirma una sanción de 601 euros que el Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) ha impuesto a una ciudadana que paseaba en mayo del año pasado con menores incumpliendo la limitación de movilidad establecida como consecuencia del estado de alarma.
La sentencia considera probado que cuando se produjeron los hechos existía una orden expresa e individualizada de la autoridad competente como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, así como por la Orden del Ministerio del Interior del 15 de marzo de 2020, que limitaba la movilidad de los ciudadanos. Esta orden, dada la especialidad de la declaración del estado de alarma, no requería la comunicación individual a cada ciudadano, lo que hubiera supuesto el envío por parte del Ministerio del Interior de más de cuarenta y siete millones de notificaciones, siendo suficiente su publicación en el BOE, y habiéndose dado una amplia difusión por todos los medios de comunicación de las limitaciones acordadas, entre ellas la referida a la libertad de circulación.
El incumplimiento de la orden dictada por la autoridad competente constituye ‘una infracción grave tipificada en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, precepto que se considera aplicable por la remisión que se hace a las correspondientes leyes sectoriales, en el artículo 10 de la Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio’.
Esta sentencia representa la primera de esta naturaleza en la región y, sobre ella, no cabe recurso ordinario alguno.
Fuente de la noticia: Poder Judicial
Legislación:
- Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo)
- Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo)
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