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Mejora la tramitación de los asuntos en el TJUE, pero falta una gestión más activa

En los últimos años el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha tomado importantes medidas para mejorar la tramitación de asuntos, pero podría avanzar más aún en este terreno, según una nueva auditoría de gestión del Tribunal de Cuentas Europeo.

El TJUE está integrado por dos órganos: el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. El Tribunal de Justicia está compuesto por 28 jueces, asistidos por 11 abogados generales. En el Tribunal General hay actualmente 45 jueces, cifra que se prevé pase a 56 en 2019. El coste global del TJUE para el presupuesto de la UE en 2017 es de alrededor de 400 millones de euros.

Conforme a su mandato de auditar la gestión de las instituciones de la UE, los auditores examinaron si los procedimientos del TJUE fomentaban una tramitación eficiente de los asuntos y, en concreto, una más pronta resolución. Para este examen los auditores no pudieron acceder a determinados datos que el TJUE consideró ligados al carácter secreto de las deliberaciones.

En los últimos años, según los auditores, el TJUE ha tomado importantes medidas organizativas y de procedimiento para tramitar los asuntos de modo más eficiente como son la introducción de plazos indicativos en las principales fases de tramitación y el progresivo desarrollo de instrumentos e informes de seguimiento. Las medidas han contribuido a reducir el tiempo medio necesario para dictar resoluciones judiciales en ambos tribunales. También a finales de 2016 se había reducido el considerable retraso de causas pendientes en el Tribunal General, y ello antes de que tuviera efecto su reforma, que aumentará significativamente el número de jueces.

Ahora bien, el enfoque de gestión de asuntos seguido actualmente no se basa en calendarios adaptados a los asuntos individuales, que tengan en cuenta la complejidad, la carga de trabajo, los recursos necesarios y la disponibilidad del personal: los plazos indicativos fijados para determinados tipos de asuntos sirven solo como un objetivo general de gestión que debe respetarse de media. Aunque este enfoque sin duda ha conducido a mejoras, el tiempo medio necesario para finalizar determinados tipos de asuntos o procedimientos no puede asimilarse al concepto de plazo razonable que se necesita para tramitar cada asunto en concreto.

Los sistemas informáticos son complejos y dependen de una base de datos central anticuada a la que se han añadido con el tiempo gran número de subsistemas, sin que haya un sistema de apoyo a la gestión de los asuntos plenamente integrado. El objetivo del TJUE a largo plazo es desarrollar un enfoque de tecnologías de la información más integrado para incrementar la eficiencia.

Los auditores constataron además que en el TJUE se había considerado la realización de un análisis coste-beneficio de la opción de extender la lengua de deliberación a otras distintas del francés en el Tribunal General, que podría ayudar a evaluar la situación y servir de base para cualquier futura decisión.

«Las resoluciones del TJUE pueden tener consecuencias importantes para las personas físicas, la personas jurídicas, los Estados miembros y la UE en su conjunto y, cuando no se dictan en un plazo razonable, pueden ocasionar importantes costes a los afectados», ha señalado Kevin Cardiff, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargado de la auditoría, quien añadió: «El TJUE debería plantearse una evolución hacia una gestión más activa de los asuntos individuales y una medición del rendimiento sobre esta base; así obtendría información para respaldar la toma de decisiones destinadas a impulsar nuevos incrementos de eficiencia y reforzar la rendición de cuentas mediante informes más detallados sobre el rendimiento. Me siento muy satisfecho de que el TJUE haya acordado actuar sobre la base de nuestras constataciones».

Fuente oficial: Tribunal de Cuentas Europeo

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