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La comisión de expertos finaliza su propuesta sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

El texto de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sustituirá a la actual que data de 1882, ya está acabado. En su redacción han participado los miembros de la comisión de expertos nombrados por el ministro de justicia, Juan Carlos Campo, el pasado mes de mayo: Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; Ignacio Rodríguez Fernández, fiscal y letrado del Tribunal Constitucional de España; Pedro Crespo Barquero, fiscal del Tribunal Supremo; Pilar Rasillo López, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid; José Antonio Colmenero, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide; José Luis Ramírez Ortiz, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona; Lorena Álvarez Taboada, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Concepción López-Yuste Padial, fiscal de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado y directora General para el Servicio Público de Justicia; Sofía Puente Santiago, fiscal delegada de violencia de género y directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y Amaya Arnáiz Serrano, profesora Titular de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid y directora de Gabinete del Ministro de Justicia de España. 

El nuevo proyecto parte de los proyectos de reforma iniciados en 2011 y 2013, que no llegaron a ver la luz, así como las reformas realizadas a la actual LECRim a través de dos leyes, la Ley Orgánica 13/2015 en materia tecnológica y la ley 41/2015 en relación con las garantías procesales. Una vez acabado este texto y aprobado en primera vuelta por el consejo de ministros, se abrirá un periodo de diálogo con la comunidad jurídica y otros sectores implicados con objeto de convertir la tramitación de la norma en un proceso de construcción colectiva.

Novedades introducidas

Entre los principales objetivos de la redacción de la nueva ley se encuentra el de actualizar la norma a la realidad del siglo XXI, agilizar la justicia, adaptar la ley a las obligaciones internacionales contraídas por España y armonizar el ordenamiento español con el Derecho europeo.

En primer lugar, se incluye la creación de las figuras del fiscal investigador y el juez de garantías, que sustituirá al actual juez de instrucción, en consonancia con la regulación de los países de nuestro entorno. 

En segundo lugar, el proyecto de ley se ha actualizado en cuestiones como la utilización del ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática.

En tercer lugar, se ha puesto un especial hincapié en la creación de un régimen de protección especial para los menores y las personas con discapacidad durante el proceso penal.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado por la Comisión y se ha comprometido a tramitar la propuesta como anteproyecto en el menor tiempo posible.

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